Gazte-Herri

Aunque nunca sabremos con exactitud el número de emigrantes que han muerto en el Estrecho de Gibraltar o ante las costas canarias, las cifras de lo comprobado por las asociaciones que trabajan en Andalucía y en Canarias son espantosas:

2003............... 205 muert@s o desaparecid@s (de enero a mediados de noviembre)

Esas muertes nos producen tristeza, rabia e indignación. Tristeza por los cientos de muert@s, por esas personas de las que casi nunca sabemos quiénes son pero que tienen familiares y amistades que les esperan y sufren.

Rabia e indignación porque l@s responsables primeros de esas muertes, los que organizan un sistema basado en la negación del derecho que todo ser humano tiene a desplazarse, ni se inmutan por ello.

Rabia e indignación porque la única respuesta que se les ocurre a es@s responsables primeros, los Gobiernos del Estado español y del resto de la Unión Europea, es la de aumentar el control de las fronteras y ampliar las posibilidades de expulsión

Rabia e indignación porque han excluido a la totalidad de la población de África de una política racional de visados, exigiéndoles un documento que la mayoría no puede conseguir, forzando así a miles de personas a viajar en condiciones horribles. ¿Se cree alguien que se viaja así por gusto? ¿Se cree alguien que se arriesga la vida y la estancia irregular prolongada si no existiesen poderosas razones para emigrar?

Rabia e indignación porque en lugar de ir al origen del drama, en el que ell@s mism@s se verían reflejad@s como actores monstruos@s, nos quieren hacer creer que hay otr@s protagonistas, l@s pasadores/as de emigrantes/as, las redes de transporte. Aunque estos últimos formen parte de los hechos y hagan negocio con las necesidades de la gente más necesitada, no podemos olvidar que lo que está ocurriendo es, en primer lugar, consecuencia de la aplicación de una política de inmigración restrictiva.

La emigración clandestina, el recurso a la patera o a los bajos de un camión, tiene su origen en la política de cierre de fronteras practicada por el Estado español y por el resto de los Estados de la Unión europea con relación a África.

Emigrar es un derecho humano elemental. Tod@s lo hemos practicado alguna vez. Las personas tienen derecho a desplazarse y a hacerlo sin recurrir a la patera, la bodega de un barco o el fondo de un camión.

Desde principio de este año son más de 200 las personas emigrantes que han perdido la vida en aguas del estrecho de Gibraltar o en el intento de llegar hasta las islas Canarias.

Esas muertes, lo hemos dicho otras veces y lo repetimos una vez más, no tienen por causa un puro accidente. Son la consecuencia directa de la política de inmigración, de la política de visados impuesta por el Gobierno español, de común acuerdo con los gobiernos de los otros Estados de la Unión Europea.

Es esa política, que de forma expresa excluye a la totalidad de los países de África, negándoles la posibilidad de emigrar legalmente hacia Europa, la que está en el origen de ese drama. Es esa política la que está en el origen de la formación de redes de transporte clandestino de emigrantes/as.

L@s muert@s en el estrecho y en las costas canarias son víctimas de la situación de sus países de origen, que les fuerza a emigrar, y de la política de cierre de fronteras practicada en este lado del mar. Son personas obligadas y utilizan las redes de pasadores/as porque ningún consulado español o de otros Estados les dan el visado que les permita viajar con normalidad. Y de esa negación son responsables el Gobierno español y los gobiernos de los demás Estados de la Unión Europea. Estos gobiernos no pueden esconder su responsabilidad, no pueden maquillarla bajo el manto de que ellos luchan contra el tráfico de seres humanos.

Los cuerpos de emigrantes/as arrojados por el mar en las playas de Tarifa, Rota, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Larache o Ceuta, no tienen peso político, son como de segunda división. No modifican ninguna agenda política, ninguna prioridad de los gobiernos en el sentido de un mayor respeto por los Derechos Humanos, de forma específica por el derecho a salir del país de origen, desplazarse y asentarse allí donde consideren que pueden vivir mejor. Esas personas que arriesgan su vida por salir de un sitio y entrar en otro en el que, en el mejor de los casos, les esperan largos periodos de irregularidad y falta de papeles, son expresión viva de que algo muy profundo no funciona, ni allí ni aquí.

Ya está bien de practicar la política del avestruz, de mirar pero no ver, de no asumir la responsabilidad enorme que en este drama tiene el Gobierno Español. Ya esta bien de responder a todo con mayor represión, mayo control, más vigilancia policial, cierre de fronteras, negación de visados y títulos de viaje.

Las migraciones modernas tienen que ver con las grandes desigualdades y desequilibrios económicos, sociales y políticos que atraviesan nuestras sociedades, provocadas por un sistema que beneficia a unos pocos en detrimento de la gran mayoría del planeta. Y ese fenómeno no se puede abordar con una política que pivote sobre las medidas policiales y el control de fronteras, sobre leyes de extranjería que tienen por objetivo central dificultar la entrada, poner trabas al asentamiento y la regularización y facilitar las expulsiones. Eso acarreará más muert@s.