¿Te vas de casa?

En los últimos tiempos parece que quienes no hemos llegado todavía a la treintena o la hemos sobrepasado ligeramente estamos poco interesados en abandonar la vivienda de nuestros padres. De hecho, el 86% de los vacos de edades comprendidas entre 15 y 29 años vive con sus padres u otros familiares, mientras que únicamente el 11% lo hacen con su pareja, el 1% comparten el piso con amigos/as y otro 1% viven solos.

Que hasta la edad de 18 ó 20 años no nos planteemos seriamente el abandono de la vivienda de los padres es lógico, pero la razón de que muchos jóvenes que ya peinan canas vivan con sus padres no se debe a que elijan libremente esa situación, sino que, una vez más, debemos echar la culpa a la desfavorable coyuntura económica en la que estamos inmersos, caracterizada (y no descubro nada nuevo) por la dificultad para acceder a un trabajo más o menos estable y al alto precio que las viviendas alcanzan en el mercado.

De no mediar estas razones de tipo económico, es decir, si contasen con suficientes ingresos económicos, recientes encuestas sociológicas indican que el 56% de los jóvenes optarían por abandonar el domicilio de los padres, especialmente (como es lógico) los de mayor edad.

Pero prescindiendo de los condicionantes económicos ya mencionados (y con alguna resignación), los jóvenes de hoy en día vivimos más o menos satisfactoriamente con los padres. Esta actitud se debe, por una parte, a que en el seno familiar encontramos más comodidades y libertad que las percibidas por quienes eran jóvenes hace algunos años y, por otra, a los cambios socioculturales que han tenido lugar en nuestra sociedad: prolongación del período de formación, elevación del nivel de vida, progresivos cambios de los papeles sociales de la mujer, del hombre y de las relaciones de padre y madres con hijos e hijas, etc.  

Cuando decidimos dar el paso hacia la independencia (aunque luego vayamos a comer todos los días a casa de los padres), la vivienda y sus características (situación, comodidades, proximidad de equipamientos, etc.) tienen una gran importancia en la determinación de nuestra calidad de vida. La adquisición de un vivienda puede suponer (de hecho lo supone) la detracción de una parte muy importante de nuestros ingresos, que repercutirá, tarde o temprano, negativamente sobre la satisfacción de otras necesidades fundamentales, tales como la alimentación, el vestido, la educación, la salud o las relaciones sociales y afectivas, de forma más profunda que en otros sectores de la población, pues los jóvenes estamos inmersos en una problemática específica caracterizada por la inestabilidad de ingresos económicos, falta de ahorro, inexperiencia, etc., derivados de nuestra reciente asunción de las responsabilidades adultas y de la entrada al mercado de trabajo.

Cuando el acceso a una vivienda deja de estar, de hecho, al alcance de una parte de los ciudadanos, lo poderes públicos deben plantearse al posibilidad de tomar medidas para facilitar el acceso a la misma desde cualquier instancia administrativa dotada de competencias para ello, tomando medidas de muy variado tipo, que pueden ir desde la tendentes a evitar la especulación inmobiliaria hasta la de proporcionar información que permita la racionalización del acceso a la vivienda.

La compra o arrendamiento de una vivienda es preciso contemplarlas inscritas dentro de un mercado inmobiliario muy complejo, regulado en primera instancia por las leyes de la oferta y la demanda. En él la oferta está constituida por viviendas, producto de diversas iniciativas y dotadas de características concretas en cuanto a su tamaño, distribución, equipamiento, antigüedad, estado, etc. y en el que intervienen directa o indirectamente una serie de intermediarios, administraciones políticas e intereses muy complejos. La incidencia de cada una de estas variables es diferente en el tiempo y en el espacio, y su importancia de cara a la clientela formada por los jóvenes, desigual.

Atendiendo a la forma de iniciativa, ésta pude aparecer den dos modalidades. Por un lado se encuentra la iniciativa pública, en la que la propia Administración fomenta la construcción de viviendas, bien de forma directa a través de ayudas, desgravaciones u otro tipo de medidas; bien de forma indirecta, a través de actuaciones financieras o fiscales. Por otra parte, la iniciativa privada aparece directamente unida al mercado inmobiliario, ofreciendo siempre un producto variado que responde más a la rentabilidad económica de la operación inmobiliaria que a las necesidades de la población en general. De ahí que la iniciativa pública se constituya en muchas ocasiones como la única vía de acceso a la vivienda para aquellos grupos de la sociedad que, por su insolvencia, no pueden hacerse con ella a través de los canales convencionales.

Un método intermedio entre ambas modalidades lo constituye la cooperativa, caracterizada por tratarse de una inactiva privada, pero colegiada, al estar constituida por personas con unos mismos intereses (la necesidad de vivienda).

La oferta inmobiliaria está influida en mayor o menor medida por la época de construcción de la vivienda y la forma de ocupación. Así, los inmuebles responden a las necesidades propias de la época en que son construidos, resultando frecuentemente inadecuados para su reutilización al cabo de algunas décadas. Por ejemplo, una vivienda al uso de los años treinta no siempre disponía de baño, de suficiente ventilación, etc. De ahí que los inmuebles de reciente construcción sean sobre los que se ejerce una mayor demanda, mientras que las viviendas de segunda utilización, dotadas de unos precios inferiores, conllevan unos gastos complementarios relacionados con su adaptación a los usuarios.

Por último cabría hacer mención a la forma jurídica de ocupación de la vivienda, que puede ser propiedad o el arrendamiento.